Mandato judicial para acelerar los casos de inmigración
Actualizado el 05/12/2023
El sistema de inmigración de Estados Unidos puede brindarle a una persona una gran alegría. Los beneficios de inmigración de Estados Unidos pueden cambiar literalmente la vida de una persona. Por ejemplo, una tarjeta de residencia puede permitir a una persona vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos.
Desafortunadamente, el sistema de inmigración de los Estados Unidos también puede generar una gran frustración a una persona. Debido al exceso de casos y a los retrasos administrativos y burocráticos, puede transcurrir un tiempo interminable antes de que una persona reciba realmente los beneficios de inmigración de los Estados Unidos.
Una técnica que una persona puede utilizar para posiblemente acelerar la recepción de beneficios de inmigración de los Estados Unidos es un mandato judicial.
Este artículo examina el tema del mandato judicial.
¿Qué es un mandato judicial?
Para entender un mandato judicial, o, writ of mandamus hay que entender las dos palabras, “writ o mandato” y “mandamus”.
Un mandato (writ) es una orden emitida por un tribunal. Es un recurso judicial.
La palabra Mandamus deriva del latín y significa “ordenamos”.
Así pues, un mandato judicial es una orden emitida por un tribunal que ordena una acción.
La autoridad para los mandatos judiciales en virtud de la legislación de los Estados Unidos es la Sección 1361 del Código 28 de los Estados Unidos, conocida como la LeyMandamus. En ella se establece que “los tribunales de distrito tendrán jurisdicción original sobre cualquier acción con carácter de mandato judicial para obligar a un funcionario o empleado de los Estados Unidos o de cualquier organismo del mismo a cumplir una obligación contraída con el demandante”.
Los mandatos judiciales se aplican en varios ámbitos de la ley, incluida la ley de inmigración.
En el ámbito del derecho de inmigración, la Ley Mandamus se utiliza para ordenar la actuación de un organismo gubernamental de inmigración o de un funcionario de dicho organismo. En concreto, el mandato judicial se utiliza cuando se ha producido cierto retraso en la tramitación de una solicitud de inmigración por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (“USCIS”). El mandato judicial sería una orden de un tribunal para ordenar al USCIS o a un funcionario del USCIS que complete la tramitación de la solicitud de inmigración y se pronuncie sobre el caso.
¿Qué casos de inmigración pueden beneficiarse por un mandato judicial?
Casi todos los tipos de casos de inmigración pueden utilizar el mandato judicial para acelerar su procesamiento en el USCIS si tales casos experimentan un retraso anormal. Los casos anormalmente retrasados en el consulado o embajada de Estados Unidos también pueden beneficiarse del mandato judicial.
Como tal, el mandato judicial puede ser utilizado en todo tipo de solicitudes de tarjeta de residencia, peticiones de inmigrante I-130 basadas en la familia, peticiones de inmigrante I-140 basadas en el empleo, solicitudes de ajuste de estatus I-485, solicitudes de naturalización N-400, peticiones de visado de trabajo, tramitación consular de visado de inmigrante, solicitudes EAD, peticiones de asilo I-589, etc.
Requisitos para presentar un mandato judicial
Una decisión judicial reciente, Lovitky v. Trump, 949 F.3d 753 (D.C. Cir. 2020), se refiere a un caso anterior y establece que “[un] tribunal puede otorgar una reparación judicial solo si: (1) el demandante tiene un claro derecho a la reparación; (2) el demandado tiene una clara obligación de actuar; y (3) no hay otro recurso adecuado disponible para el demandante”. En consecuencia, se deben cumplir los siguientes requisitos al presentar una petición de mandato judicial.
Derecho claro a la reparación
El requisito del “derecho claro a la reparación” en un caso de mandato judicial de inmigración examina generalmente si el demandante que solicita el mandato judicial se encuentra dentro de la “zona de interés” de la ley pertinente: la Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos. En concreto, el tribunal analiza qué intereses pretende proteger la disposición legal aplicable y si los intereses del demandante se encuentran entre estos intereses.
Entre los casos anteriores en los que los tribunales han considerado que existe el requisito del “derecho claro a reparación” se incluyen:
- Solicitudesde ajuste de estatus I-485.
- Solicitudes de naturalización N-400.
- Solicitudesde asilo I-589.
- Peticiones I-360 de Estatus Especial de Inmigrante Juvenil. Con una petición de Estatus Especial de Inmigrante Juvenil, una persona soltera menor de 21 años que necesite la protección de un tribunal de menores por haber sido maltratada, abandonada o desatendida por uno de sus padres puede obtener una tarjeta de residencia.
- Peticiones de visado especial de inmigrante I-360 para determinados nacionales afganos o iraquíes que trabajen para el Gobierno de Estados Unidos. Esta petición de visado especial de inmigrante puede permitir a un ciudadano afgano o iraquí cualificado obtener la tarjeta de residencia permanente.
Obligación
El requisito de “obligación” en un caso de orden judicial de inmigración generalmente examina si la agencia gubernamental demandada o el funcionario tienen una obligación con el demandante.
Los tribunales han reconocido que si un demandante tiene derecho a solicitar un beneficio de inmigración, USCIS tiene el deber de adjudicar la solicitud de beneficio de inmigración. Este deber puede existir incluso si la decisión final de otorgar el beneficio de inmigración es discrecional con USCIS.
El deber debe ser obligatorio o ministerial y debe ser debido específicamente por el demandado al demandante.
No hay otro recurso
El requisito de “ningún otro recurso” en un caso de mandato judicial de inmigración generalmente examina si el demandante puede obtener reparación sin un mandato judicial. Este requisito se basa en un concepto que se aplica en muchos otros ámbitos del derecho: hay que agotar todos los recursos administrativos disponibles antes de poder obtener reparación en los tribunales.
Para la mayoría de los casos de inmigración, para cumplir con el requisito de “ningún otro recurso”, cuando su solicitud o petición ha estado fuera de los tiempos de procesamiento normales de USCIS, se supone que debe tener al menos una consulta del caso a USCIS y al menos una consulta del caso a través de un congresista. Para algunos casos de inmigración como las solicitudes de asilo I-589, USCIS no proporciona plazos claros para los tiempos de adjudicación. Y para algunas solicitudes o peticiones, el tiempo normal de procesamiento de USCIS no es razonable en absoluto. En estas situaciones, un abogado de inmigración con experiencia puede aconsejarle si ha agotado todos los recursos administrativos disponibles antes de que pueda presentar una demanda por mandato judicial en un tribunal federal.
Además, como se describe en la siguiente sección de este artículo, si bien es necesario que el demandante en un caso de orden judicial de inmigración establezca que los requisitos de “claro derecho a reparación”, “obligación” y “ningún otro recurso” son cumplidos, estos requisitos por sí solos pueden ser insuficientes para que un tribunal conceda un mandato judicial.
¿Cómo presentar un mandato judicial?
Se presenta una acción de mandato judicial en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. Este es un tribunal federal y no un tribunal estatal.
Hay 94 Tribunales de Distrito de los Estados Unidos activos. Entre uno y cuatro Tribunales de Distrito de los Estados Unidos están ubicados en cada estado. También hay un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia y en varios territorios de los Estados Unidos.
¿En qué tribunal de distrito de los Estados Unidos debe presentar un demandante una demanda por mandato judicial? la Sección 1391(e) del Código 28 de los Estados Unidos establece que el lugar apropiado para una acción de mandato judicial es “cualquier distrito judicial en el que (A) resida un acusado en la acción, (B) una parte sustancial de los eventos u omisiones que dieron lugar a al reclamo ocurrido. . . , o (C) el demandante reside”.
Ciertos tribunales han reconocido que los requisitos antes descritos de “claro derecho a reparación”, “obligación” y “ningún otro recurso” son necesarios, pero no suficientes, para obtener una orden judicial de reparación. En el caso de Asociación Americana de Hospitales v. Burwell, 812 F.3d 183 (D.C. Cir. 2016), el tribunal se refiere a dos decisiones anteriores y establece: “El recurso de mandato judicial es drástico, para ser invocado solo en circunstancias extraordinarias . . . . [Un] tribunal puede otorgar reparación solo cuando encuentra motivos de equidad convincentes”. Además, en el caso de Inre Core Comm., Inc., 531 F.3d 849 (D.C. Cir. 2008), el tribunal se refiere a dos decisiones anteriores y establece que “la emisión del mandato [judicial] es un recurso extraordinario” y que debe decidir “si la demora de la agencia es tan atroz como para justificar un mandato judicial”. Estos tribunales muestran que una demanda de mandato judicial también puede necesitar incluir evidencia “extraordinaria” de “motivos equitativos convincentes” y conducta “atroz” para tener éxito.
También debe tenerse en cuenta que si su caso de inmigración se resuelve antes de que el tribunal escuche su demanda de mandato judicial, es probable que su demanda sea desestimada por discrepancia.
¿Cuánto cuesta presentar un mandato judicial?
Una orden de mandato judicial de inmigración se obtiene a través de un litigio en un tribunal federal. Los litigios en los tribunales federales son complejos y deben ser manejados por un abogado. Por lo tanto, el mayor costo en el que se incurre al presentar una orden judicial de inmigración son los honorarios legales.
El monto específico de los honorarios legales que deberá pagar para obtener una orden judicial de inmigración variará según los problemas específicos de su caso y la tarifa de facturación de su abogado. Como mejor estimación, debe esperar pagar entre $5.000 y $10.000 por honorarios legales en un caso de mandato judicial.
Además, se incurrirá en costos judiciales al presentar la orden judicial de acción de mandato judicial de inmigración (generalmente de $400 a $500).
¿Qué puede hacer y qué no puede hacer un mandato judicial?
Es importante entender lo que un mandato judicial puede hacer y lo que no puede hacer por una persona que busca un beneficio de inmigración bajo el sistema de inmigración de los Estados Unidos.
Si el litigio prospera, un mandato judicial puede obligar al USCIS o a un funcionario del USCIS a tomar medidas inmediatas en relación con su solicitud de prestaciones de inmigración en un plazo determinado (generalmente en un plazo de 90 días). Dependiendo del tipo de solicitud y de la fase en que se encuentre, dicha acción inmediata puede consistir en programar una entrevista o tomar una decisión definitiva sobre su solicitud. Así, se acabará la frustración de no recibir una decisión sobre su solicitud. El mandato judicial le dará una respuesta sobre su caso.
Sin embargo, si el litigio tiene éxito, no significa que recibirá una respuesta favorable en su solicitud. Aunque USCIS tramitará su solicitud, no hay garantía de que USCIS apruebe su solicitud. El éxito del litigio de mandato judicial no cambiará los hechos y circunstancias de su caso. Desafortunadamente, el éxito de un litigio por mandato judicial no convierte un caso con “malos” hechos y circunstancias en un caso con “buenos” hechos y circunstancias.
El punto es que el mandato judicial solo puede asegurar el procesamiento más rápido de una solicitud de inmigración. No puede asegurar la tramitación favorable, e incluso podría resultar en la tramitación desfavorable, de una solicitud de inmigración. Como resultado, con base en lo que puede hacer y no puede hacer un mandato judicial para una persona que busca un beneficio de inmigración de los Estados Unidos, y dados los costos incurridos por presentar un litigio de mandato judicial, una persona solo debe proceder con el litigio de mandato judicial después de haber considerado cuidadosamente sus diversos resultados posibles con un abogado de inmigración.
Hay otro aspecto de lo que no puede hacer un mandato judicial, y este es un impacto positivo para el inmigrante. A algunas personas les preocupa que la presentación de un recurso judicial de mandato pueda causar represalias adversas por parte del USCIS. Tal perspectiva sería una suposición equivocada. No hay evidencia de que a los litigantes por mandato judicial se les nieguen sus solicitudes de beneficios de inmigración simplemente en base a la presentación del litigio por mandato judicial. El litigio por mandato judicial es simplemente una parte adicional de un caso de inmigración ya presentado. Simplemente le está pidiendo al gobierno que “haga su trabajo” y procese su solicitud de inmigración.
Conclusión
Muchas personas de los Estados Unidos ven al gobierno de manera mixta. Por un lado, la gente aprecia los diversos beneficios, desde la ayuda financiera para la educación hasta el Seguro Social, que el gobierno puede brindar. Por otro lado, la gente está molesta con las ineficiencias burocráticas, desde el Departamento de Vehículos Motorizados hasta el Servicio de Impuestos Internos, que surgen con el gobierno.
Los inmigrantes también ven al gobierno con sentimientos encontrados similares. Por un lado, los inmigrantes están contentos con la posibilidad de obtener una tarjeta de residencia y vivir y trabajar en Estados Unidos. Por otro lado, están descontentos con los problemas burocráticos que pueden causar grandes retrasos en la tramitación de las solicitudes de inmigración.
Un mandato judicial puede resolver estos problemas burocráticos y permitir que un inmigrante obtenga la tarjeta de residencia, la ciudadanía u otros beneficios de inmigración en menos tiempo. Si bien es cierto, como se ha descrito anteriormente, que un mandato judicial no puede garantizar la aprobación de una tarjeta de residencia, la ciudadanía u otras solicitudes relacionadas con la inmigración, si usted tiene un caso favorable que definitivamente sólo no está siendo aprobado debido a los retrasos burocráticos administrativos, un mandato judicial puede ser un documento crítico que permita la aprobación de sus solicitudes de inmigración. Como tal, los mandatos judiciales deben ser considerados por los solicitantes de inmigración que definitivamente no están recibiendo sus beneficios de inmigración porque sus casos favorables esperan ser procesados.
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